Según informaciones de varios medios de comunicación, la consejera de la Generalidad dijo durante la sesíón de control en el parlamento regional que su gobierno defendería "el derecho constitucional al aborto", inventándose así que  matar al propio hijo por medio de una intervención durante el embarazo esté contemplado como «derecho» en la constitución española vigente.

La Constitución Española establece el derecho fundamental a la vida (de «todos») y no un supuesto derecho de ningún ciudadano a decidir sobre la vida y la muerte de otro ser humano especialmente vulnerable. Una ley injusta lo ha despenalizado y otras leyes orgánicas del gobierno socialista contienen en sus textos la expresión «derecho al aborto» (o «interrupción voluntaria del embarazo» como prefieren llamarlo eufemísticamente). Así, nuestra constitución (no así la ley) se alinea con la legislación internacional vigente y vinculante (Convención de los Derechos del Niño de 1989) que defiende el derecho a la vida del bebé en gestación, como el de cualquier ser humano vivo.

En sus últimas sentencias, el Tribunal Constitucional español recientemente renovado con «magistrados progresistas» se aparta de su propia doctrina y de la debida imparcialidad, contradiciendo a parte de la legislación internacional y a la propia Constitución, afirmando que el «derecho a la integridad física y moral» y la «libertad de la mujer» (que sí están en nuestra carta magna) significan que es constitucional abortar a un bebé. Es como afirmar que la libertad de una mujer es ilimitada (incluyendo derechos ajenos). Y lo hace arrebatando el carácter de «persona» al no nacido, de forma anticientífica.

Fue la misma maniobra de la Corte Suprema de EEUU en Roe contra Wade en 1973, sólo que ésta tiene lugar 50 años más tarde, cuando se conocen los devastadores efectos del aborto y las verdaderas razones de aquella fallida sentencia. En 2022 la propia corte reconoció que se equivocó, que la Constitución Americana no habla ni habló nunca del aborto y que los magistrados se inventaron el derecho al aborto a partir de otros preceptos. El error significó la muerte violenta de decenas de millones de bebés no nacidos.

Hay documentos de la ONU donde también se habla del «derecho» al aborto, pero no son vinculantes y no tienen el respaldo de todas las naciones, porque de hecho contradicen otras declaraciones de mayor nivel de la propia ONU.

Aunque la Constitución estableciese por medio de una reforma un «derecho» al aborto, no por ello dejaría de ser un atentado al derecho a la vida del no nacido, pero aún no se ha dado ese paso.

Faltó a la verdad la consejera al calificar las campañas legales y pacíficas de 40 Días por la Vida como «antiderechos», ya que dichas campañas no impiden a nadie ejercer sus derechos de ningún modo, y sí se desarrollan en pleno ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, la libertad de expresión, culto y religiosa, respetando de modo escrupuloso la libertad de las mujeres que se someten a esta dañina intervención, sin que ello sea óbice para dar un testimonio público sobre la realidad del aborto y sobre las alternativas.

En otro punto de su intervención se ha referido a las vigilias pacíficas de oración como «protestas», cuando protesta no es la palabra que mejor define una vigilia de oración.

La voluntad de la consejera y de su gobierno de «perseguir» a los orantes de 40 Días por la Vida sí parece que responde a la verdad, aunque falta a la verdad de nuevo cuando justifica sus planes legislativos en que las vigilias «impiden» el acceso a las madres o las intervenciones de los centros de aborto, ya que no tienen capacidad para impedir nada y de hecho se realizan decenas de ellas todos los días. Lo que sí hacen en ocasiones es iluminar las conciencias de estas mujeres, algunas de las cuales han hablado públicamente para agradecer la presencia de 40DPLV, que en ejercicio de su libertad y de su plena conciencia deciden no abortar, acoger la vida que se les ha regalado como madres y rechazar las falsas soluciones que les propone la cultura promuerte.

Los perímetros contra la libertad de expresión ya están en vigor en otros países europeos aunque las sentencias judiciales los van desmantelando ya que van directamente contra derechos fundamentales y revelan la aparente connivencia de las autoridades con quienes se benefician de este inmenso negocio.

Quizá sólo aplicando estos calificativos manipuladores pueden algunos políticos quedar bien ante su público en el contexto de esta deriva pro-muerte y autoritaria de numerosas sociedades occidentales. La tasa de natalidad más baja de la historia desde que hay datos refleja el gran problema social que se avecina con un sonado fracaso en asegurar la propia supervivencia de la sociedad.